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    ¿ abusos en matrículas y pensiones en colegios particulares?


    Matrículas, pensiones y mucho más

    Después de larga espera, hace un año se aprobó la Ley Nº 27665, también denominada \"Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en Centros y Programas Educativos Privados\".

    ¿Cuál es el contenido de dicha Ley?

    La Ley dispuso que no se podía exigir a los padres de familia el pago de donaciones o cuotas voluntarias, que realmente no eran ni obsequio ni obedecían a la libre y espontánea voluntad de los donantes. En la práctica eran exigencias económicas adicionales, encubiertas bajo la forma de donación, y por las cuales muchas veces ni se daba recibo ni se tributaba.

    También la ley dispuso que la cuota por matrícula no pudiera exceder a una cuota mensual normal por el servicio educativo. No olvidemos que muchas veces la matrícula era el triple, el cuádruple o el décuplo, por decir algo, de la pensión escolar mensual, y lo que es peor, debiéndose pagar en el acto de la matrícula que coincide con el mes en que deben cancelarse diversos impuestos, y que el pobre padre de familia queda asfixiado bajo el peso de diversos requerimientos de pago. Igualmente se determinó que las cuotas de pensiones escolares eran por mes lectivo y que no se debería exigir pensiones adelantadas. Recordemos que muchas veces se exigía al padre de familia hasta el pago del año, semestre o trimestre adelantado, olvidando que quien tiene la suerte de contar con empleo, si es que recibe su remuneración a tiempo, ella es mensual pero de ninguna manera anual, semestral o trimestral.

    Del mismo modo se dispuso que los colegios no podrían exigir la presentación de todos los útiles y cuadernos escolares al principio del año. Lógico, nadie va a escribir simultáneamente con seis lápices ni con cuatro bolígrafos, ni usará al mismo tiempo dos borradores. Por otro lado quedó prohibida la socorrida práctica de exigir a los alumnos la adquisición de uniformes, libros, cuadernos y útiles en el lugar o lugares que con carácter exclusivo definiera el colegio.

    Se atentaba contra el derecho de libre elección. Adicionalmente a todo ello, se proscribieron acciones compulsivas contra los alumnos que tuvieran adeudos de pensiones. Si hay adeudos se retiene la libreta y documentos de calificaciones, pero no se niega al niño rendir sus evaluaciones, ni se le somete a humillaciones que atentan contra su dignidad. El niño no es responsable ni de los adeudos de sus padres por motivos de fuerza mayor -como puede ser pérdida del empleo o enfermedad- ni por exceso de optimismo o irresponsabilidad al colocar al alumno en colegio que escapa a sus posibilidades económicas. Por lo demás el colegio no pierde su derecho a cobrar lo que se le adeuda. En aquella oportunidad, a quienes nos correspondió la autoría de la ley, como a quienes sin remilgos votaron a favor de ella, se nos satanizó con calificativos que van desde el agravio hasta la burla. Se habló y hasta escribió con cierto sarcasmo del espíritu benefactor del Congreso, de arrebatos populistas y heterodoxos, de entronizar el cabeceo, de iniciativa retrógrada y también troglodita, de legalización del perro muerto, de descabellado propósito, de oda al populismo ramplón, y con más que ironía, de samaritana intervención. Se llegó hasta a editorializar sobre las consecuencias malsanas que tendría la nueva ley, se vaticinó la quiebra de los colegios y la salida de la inversión privada de la actividad educativa.

    Se cuestionó hasta el derecho del Estado a dictar normas que regularan la actividad privada en la tarea educativa, así como la normatividad que defendiera al usuario de los excesos de quienes prestando servicios educativos olvidan que es el niño el objeto de la atención preferente.

    Los mismos cuestionadores del derecho normativo que tiene el Estado, son los que hoy buscan tratos tributarios de privilegio.

    A un año de la dación de la Ley que protege la economía de los padres de familia, así como la dignidad del niño, podemos decir que las apocalípticas profecías de quienes criticaban la ley, no se han producido.

    Ahora el Ministerio de Educación y el Indecopi ya no se limitan a solicitar que los colegios informen sobre sus pensiones y requisitos, sino que vigilan el cumplimiento de la normatividad legal cautelando los intereses de quienes reciben el servicio educativo.

    Nos dijeron que no era necesaria ninguna ley, pues había promotores de colegios privados responsables y serios, que nunca habían atentado contra la dignidad de sus alumnos y que se conducían ejemplarmente.

    Con su mismo criterio también podrían decir que no se necesita un Código Penal pues ni asesinan, ni roban ni delinquen, pero el Código se requiere para sancionar a quienes si incumplen.

    Somos los primeros en reconocer que hay colegios responsables y respetuosos de los alumnos y de los padres de familia, pero también hay de los otros, e incluso de aquellos que sin contar con recursos para instalar centros educativos particulares, lo hicieron con las indebidamente denominadas \"cuotas voluntarias\" y \"donaciones\". Hoy por hoy dentro de un nuevo proceso de matrículas, conviene recordar la vigencia de la mencionada ley, así como la obligatoriedad de los colegios de cumplirla y de la responsabilidad que deben tener los padres de familia para matricular a sus hijos en colegios que estén a la medida de sus posibilidades.

    Saludamos la inversión privada en la educación, que es eficiente colaboradora en la acción que fundamentalmente corresponde al Estado, pero debe ser respetuosa del ordenamiento legal.

    Ántero Flores Aráoz Ex- Congresista de la República


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